Jueves, 15 de abril de 2004 7

SESIÓN DE TRABAJO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL Y LOS PRESIDENTES COMARCALES

La DPT y las comarcas colaborarán
para mejorar la calidad del agua

Los municipios no tienen medios para aplicar la nueva normativa de control

EVA RON / Teruel
La Diputación Provincial de Teruel (DPT) y las comarcas establecerán fórmulas de colaboración para mejorar la calidad del agua de boca y favorecer el cumplimiento por parte de los municipios de la nueva normativa que regula los requisitos sanitarios que debe reunir el líquido elemento destinado al consumo humano.

Las comarcas y la DPT apoyarían económicamente a los ayuntamientos para cubrir durante unos años el sobrecoste derivado de los nuevos controles que se exigen y conseguir así que su reflejo en el recibo del agua que pagan los ciudadanos no fuera drástico, sino paulatino.

La herramienta para poder aplicar los nuevos criterios de calidad del agua sería la empresa mixta Sastesa, participada mayoritariamente por la Diputación y creada para facilitar a los municipios la gestión del ciclo hidráulico.

Miguel Ferrer (PAR) y Ángel Gracia (PSOE) -presidente y vicepresidente primero de la Diputación, respectivamente- mantuvieron ayer una reunión con los presidentes de las diez comarcas turolenses para debatir este asunto.

El Real Decreto 140/2003, que establece los criterios sanitarios de calidad, desinfección y control analítico del agua de consumo humano, ha puesto el listón muy alto y exige unas pautas de actuación que no están al alcance de la mayoría de los municipios por falta de medios.

“El decreto marca condiciones estrictas, duras, porque pretende proteger al ciudadano garantizando que consume un agua de calidad, pero hay que buscar fórmulas para que los ayuntamientos puedan cumplirlas”, explicó Ferrer.

Los responsables de la DPT ofrecieron a los presidentes de las comarcas la posibilidad de firmar convenios para que Sastesa se encargue del servicio de potabilización y análisis de cloración de aguas en los municipios que deseen acogerse a ellos. Durante un periodo transitorio, la Diputación y las comarcas financiarían al 50% la diferencia entre las cuotas que pagan los ciudadanos por abastecimiento de agua y el coste real del servicio.

Los representantes de las comarcas manifestaron su interés por estos convenios, por lo que las negociaciones continuarán hasta concretar los acuerdos. Ferrer señaló que a partir de ahora se celebrarán reuniones en cada agrupación comarcal para explicar la situación a los alcaldes.

Aplicación progresiva

El presidente de la DPT apuntó que, en cualquier caso, la implantación del Real Decreto 140/2003 tendrá que ser progresiva, ya que Sastesa no tiene en estos momentos capacidad para asumir las labores de control que exige la normativa en todos los municipios y sería necesario incrementar su plantilla.

Ferrer indicó que habría que negociar con Sanidad para establecer un calendario que permita aplicar la norma de forma paulatina. El titular de la Diputación calculó que haría falta un plazo mínimo de un año para poder extender el servicio de potabilización y análisis de calidad de agua a todos los pueblos.

Uno de los primeros pasos será la homologación del Laboratorio de Medio Ambiente de la DPT en Andorra para que pueda realizar los análisis, ya que actualmente sólo uno privado de Teruel capital dispone de los medios adecuados.

Primera reunión

La reunión celebrada ayer fue la primera que se realiza entre los máximos responsables de la Diputación de Teruel y los presidentes de las comarcas de la provincia, según comentó ayer el titular de la DPT, Miguel Ferrer. Aunque se intentó una convocatoria de este tipo el pasado mes de septiembre, no fue posible llevar a efecto el encuentro por problemas de agenda de los participantes.

Ferrer manifestó su voluntad de continuar manteniendo reuniones con los responsables comarcales para favorecer la coordinación. “Pretendemos establecer un cauce de diálogo con todas las comarcas, porque nuestra obligación es tratar de entendernos, adecuarnos y rentabilizar al máximo todos los recursos disponibles”, apuntó el presidente de la Diputación.

Inspección de actividades hosteleras

Comarcas y Diputación Provincial de Teruel abrirán una vía de colaboración para solucionar la inspección de establecimientos hosteleros, una competencia que antes desempeñaba el Gobierno de Aragón y que ahora ha sido transferida a los organismos comarcales. La posibilidad de que cada comarca cuente con personal para realizar las inspecciones en su territorio resulta inviable y por ello se tratará de buscar una fórmula conjunta.

Miguel Ferrer, presidente de la Diputación Provincial, explicó que en la reunión de ayer se barajaron dos posibilidades. La primera sería que la institución provincial asumiera esta tarea con personal propio y la segunda, que fuera la comarca de Teruel, que ya ha puesto en marcha el servicio, la que lo prestara al resto de las agrupaciones comarcales.

El Bajo Aragón, en principio, no se incorporaría al posible acuerdo sobre inspecciones en hostelería, que ha resuelto por sus propios medios. En cuanto al Matarraña, que también dispone de este servicio, estudiaría si le interesa continuar en solictario o adherirse a la gestión conjunta.